La mala planificación y ordenamiento hidrológico

En Córdoba, el agua forma parte del paisaje desde siempre. El territorio lo cruza la cuenca de los ríos Sinú y San Jorge, salpicado de ciénagas, caños y humedales que, en su estado natural, actúan como esponjas gigantes, absorbiendo las crecidas y amortiguándolas. Pero lo que estamos viendo ahora no se explica solo por lluvias excepcionales; es el resultado de décadas de intervenciones descoordinadas, errores técnicos y planes que nunca pasaron del papel.

Como bien señalaba Carolina García Londoño en La Silla Vacía, sería absurdo pretender que este desastre era algo imprevisible o inevitable [2]. Claro que las precipitaciones han superado con creces los promedios históricos, pero la ciencia nos avisa desde hace años que estos eventos se volverán más comunes e intensos. No hay excusa en alegar sorpresa.

Tomemos el caso de la represa de Urrá I, que ilustra perfectamente el problema. Más allá de discusiones técnicas sobre su impacto exacto en las inundaciones, está claro que alteró por completo el flujo natural del Sinú: cambió los patrones de agua, secó ciénagas, mermó la capacidad reguladora del territorio y golpeó economías locales como la pesca. El propio Plan de Gestión de Riesgos de la represa identificaba escenarios de rebose, con mapas precisos que señalaban los municipios en peligro. Si el riesgo estaba ahí, dibujado en negro sobre blanco, ¿por qué no se actuó con más antelación y coordinación?

A esto se añade el desgaste constante de los humedales. La expansión ganadera, la deforestación y la compactación del suelo han robado al territorio su habilidad para manejar el agua. Estudios que cita García Londoño muestran que en Córdoba la erosión ronda el 90%, y gran parte del suelo, inadecuado para ganado, se usa igual para eso. Al degradar suelos y drenar humedales, el agua no tiene dónde expandirse naturalmente y acaba invadiendo casas, escuelas y hospitales.

Lo alarmante es que las herramientas para evitarlo existen. Las cuencas del Sinú y San Jorge tienen Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) que marcan zonas de alto riesgo por inundaciones y proponen restauraciones integrales, manejo hídrico y adaptación al cambio climático. El problema es que estos planes rara vez se alinean con los Planes de Ordenamiento Territorial municipales, muchos desfasados o que ignoran la gestión de riesgos. Esa desconexión entre lo regional y lo local abre una brecha por donde se filtra la tragedia.

En el fondo, no es solo un fallo técnico: es político y estructural. Hemos priorizado diques y obras reactivas, en vez de soluciones basadas en ecosistemas, como restaurar humedales o un ordenamiento que respete la dinámica del agua. Hemos consentido la ocupación de áreas de alto riesgo, pese a las advertencias en los mapas. Peor aún, hemos convertido los planes en meros trámites burocráticos, no en guías para actuar de verdad.

Córdoba no sufre una "catástrofe natural" cualquiera. Enfrenta las secuelas de ignorar su geografía hídrica y subestimar la necesidad de adaptarse a un clima que ya no es el de antes. El agua solo hace lo suyo: buscar su curso. Lo que cambió es que nuestras decisiones humanas le bloquearon el camino, rompiendo el equilibrio del territorio.

El ejemplo claro de la relación clima-sociedad  

Lo que está pasando en Córdoba va mucho más allá de un simple análisis meteorológico. No se reduce a un frente frío o a récords de lluvia; es la prueba viva de cómo el clima y la sociedad se enredan de manera inextricable. Cuando el clima se altera, pone a prueba nuestras estructuras sociales, económicas e institucionales. Y en Córdoba, esa prueba ha sacado a la luz grietas profundas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) lo ha dicho sin rodeos: “emergencias climáticas como las inundaciones recientes en Córdoba, que han afectado a más de 150.000 personas, disparan las necesidades humanitarias” [3]. No es una frase al azar. Nos recuerda que el cambio climático no solo remueve ecosistemas; agrava vulnerabilidades sociales, colapsa sistemas de salud y educación, tensa el abastecimiento y desnuda desigualdades que vienen de lejos.

Estas inundaciones no pegan igual a todos. Golpean más duro a quienes habitan zonas de alto riesgo, a los que viven de economías informales, a comunidades rurales con infraestructura endeble y a municipios sin plata en el bolsillo. En un departamento donde la mayoría de los municipios son de sexta categoría, con presupuestos raquíticos, cada evento extremo desata una crisis humanitaria masiva. El clima enciende la mecha, pero la estructura social decide cuán grande es la explosión.

En Córdoba, esa interacción entre clima y sociedad se ve con toda su crudeza: ecosistemas maltrechos, planificación territorial floja, gente instalada en áreas inundables y una pobreza arraigada que todo lo agrava. Cuando llueve por encima de lo normal, no solo se desborda el agua; hay desplazamientos forzados, niños sin escuela, cultivos arrasados, hambre acechando y comunidades hechas trizas.

Esta emergencia nos grita que el cambio climático no es un concepto etéreo, medido solo en grados o partes por millón de CO₂. Se mide en familias huyendo de sus casas, en pelaos' que dejan de ir al colegio, en personas de la tercera edad hacinados en refugios improvisados. Se mide en si el Estado acierta o falla en prever, prevenir y reaccionar.

Córdoba se erige así como un ejemplo brutal de cómo la crisis climática es también social. El clima no opera solo; choca con nuestras decisiones, con los modos de producción, con quién manda y con cuánta desigualdad cargamos. Ahí está la lección más amarga: entender la ciencia climática no alcanza; hay que replantear cómo organizamos y cuidamos nuestro territorio.

Las recomendaciones:

Desde ProAmbiente vemos en la tragedia de Córdoba un quiebre ineludible: ha llegado la hora de actualizar y enlazar de verdad los POT con los POMCA, de poner en marcha los planes de gestión del riesgo, de restaurar humedales y rondas hídricas, de detener la expansión ganadera donde no corresponde y de apostar por soluciones basadas en la naturaleza que honren el pulso natural de las cuencas del Sinú y San Jorge.

Igual de crucial es impulsar la educación ambiental, la voz de las comunidades y sistemas de alerta temprana sólidos, todo con transparencia total en cómo se usan los fondos para la adaptación climática. Basta ya de apagar incendios aislados en cada emergencia; necesitamos planificar a largo plazo, reconociendo que adaptarnos no es un lujo, sino un deber ético y político para salvaguardar vidas, territorios y el porvenir de nuestra gente.